Ira y preocupación a nivel internacional por el acceso directo de la Casa Blanca a los servidores de las redes sociales, compañías cibernéticas, y registros telefónicos de decenas de millones de clientes.
La ola de las críticas no ha hecho sino aumentar después de que el diario estadounidense ‘The Washington Post’ y el británico ‘The Guardian’ publicaran información relacionada con el proyecto de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Federal de Investigación de EE.UU. (FBI, por sus siglas en inglés).
En el mismo contexto, Jörg-Uwe Hahn, ministro de Justicia del Estado Federado de Hesse, ubicado en el centro de Alemania, ha solicitado este sábado sanciones contra las compañías involucradas en el plan de espionaje de Washington.
Las protestas contra este plan han llegado a todos los puntos del planeta. Las autoridades australianas también han convocado a los diplomáticos norteamericano acreditados en Canberra, la capital, para transmitirles su indignación al respecto.
EE.UU. ha pedido a grandes compañías como Microsoft, Yahoo, Google, PalTalk, AOL, Skype, YouTube Apple y Facebook que autoricen a las agencias estadounidenses el acceso libre a los datos personales de los usuarios de internet, utilizando un programa de alta seguridad llamado PRISM. Sin embargo, algunas se han negado a facilitar a Washington el acceso directo a los datos por considerar que estas demandas secretas son ilegales.
No obstante, la jueza estadounidense Susan Illston exigió a Google que respondiera a las solicitudes de datos confidenciales por parte del FBI, mediante las NSL (Cartas de Seguridad Nacional): el 97 % de las NSL incluye una orden de silencio obligatorio.
Dictaminó, asimismo, que Google debe cumplir con al menos 17 de las 19 NSL: se reserva el juicio sobre las otras dos demandas del FBI, en espera de que el Gobierno “proporciones más información” antes de emitir un veredicto.
El resultado del juicio permitirá al Gobierno estadounidense acceder a los datos de transacciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico e historiales de búsqueda, entre otras informaciones confidenciales de los clientes.
Desde el año 2000, EE.UU. ha enviado hasta 300.000 cartas de este tipo, solicitando nombre, dirección, tiempo de servicio y otras informaciones a la cuenta de los usuarios.
Esta técnica, que utiliza la oficina investigadora de EE.UU. para la recolección de datos electrónicos sin orden judicial, ha recibido fuertes críticas por parte de los activistas pro derechos humanos, quienes tachan la medida de violación de la privacidad, pues no requiere de la aprobación de un tribunal y prohíbe revelar la existencia de tales peticiones secretas del FBI.
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